Suspenden autoridades el centro nocturno “La selva”

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Las autoridades determinaron que este lugar no cuenta con las medidas de sanidad necesarias.

 

Tras constatar que el centro nocturno denominado “La Selva”, ubicado en el municipio de San Pablo del Monte, no cumple con las normas de sanidad así como la falta documentación, lo que no garantiza la sana y segura diversión de sus clientes, el inmueble fue suspendido de sus funciones la noche del 20 de noviembre, durante el centésimo septuagésimo segundo operativo interinstitucional.

Estas acciones, tienen como objetivo garantizar la seguridad de los ciudadanos que acuden a los distintos centros de esparcimiento, certificar la sanidad de las bebidas y alimentos, así como combatir y prevenir diversos delitos como corrupción de menores, trata de personas, portación de armas y drogas, o cualquier ilícito que se sorprenda flagrante.

El inmueble que se verificó fue el denominado “La Selva”, que opera en la carretera Vía Corta Santa Ana Chiautempan-Puebla, kilómetro 3.5, a la altura del municipio de San Pablo del Monte, el cual fue suspendido por personal de la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coepris) ya que constató diversas irregularidades sanitarias que ponen en riesgo la salud de sus clientes.

En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) hizo lo propio tras verificar la ausencia de medidas de seguridad en el lugar.

El lugar se revisó física y administrativamente y se inspeccionó a 66 personas del sexo masculino, así como a 25 bailarinas exóticas, en busca de armas, drogas y en general todo lo prohibido, sin que se registrara alguna novedad, mientras que en el exterior, se indagaron 20 vehículos estacionados en las inmediaciones.

En esa acción conjunta participaron oficiales de la Policía de Investigación y agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), efectivos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), así como trabajadores de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), de la Secretaría de Salud (Sesa) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

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