Proponen crear ley de protección del ejercico periodístico para Tlaxcala
El diputado Serafín Ortiz Ortiz presentó la propuesta para crear la Ley de Protección del Ejercicio Periodístico para Tlaxcala, en la cual se establece la obligación del Estado de garantizar la libertad de prensa y la protección de los derechos de los periodistas.
Indicó que con esa Ley se busca garantizar la libertad de recibir y difundir información de interés público, veraz e imparcial, así como de investigar, sistematizar, difundir o publicar hechos de interés colectivo. Su propuesta fue presentada como parte de la trigésima cuarta Sesión Ordinaria de la LXI Legislatura local.
Ortiz Ortiz señaló que se incluye un capítulo referente a la Cláusula de Conciencia, que establece el derecho de los periodistas para negarse a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad, responsabilidad o de sus principios éticos; o para el caso del cambio editorial de su trabajo, y se incluye la prohibición de censura previa.
Propuso incluir el término estándar de real malicia o malicia efectiva, el que de acuerdo al sistema dual de protección, adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el análisis de los límites a la libertad de expresión.
El diputado señaló que de acuerdo con ese término los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna.
Recordó que el pasado diez de septiembre de 2015 presentó iniciativa de reforma que adiciona un párrafo in fine a la facción V del artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que reconoce, garantiza y tutela el Secreto Profesional de los Periodistas para negarse a revelar la identidad del autor de la información, a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas o judiciales.
