El pasado 13 de enero, la niña Karla Romero Tezmol, de 11 años de edad, desapareció en el trayecto a su escuela, ubicada a unas cuadras de su casa, en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

Según testigos de los hechos, la niña fue sustraída por los tripulantes de un vehículo negro, a la altura de la calle 20 de Noviembre, lo cual fue registrado por una cámara de vigilancia particular, instalada en un negocio de esta vialidad.

Estas imágenes, sin embargo, se perdieron definitivamente, debido a que la Procuraduría estatal erró la fecha de los videos al solicitarlos al dueño de la cámara que los captó y, en consecuencia, las autoridades no obtuvieron la grabación del 13 de enero, sino la del día siguiente.

Para el momento en que este error fue detectado, las imágenes correspondientes al día del secuestro de Karla ya habían sido borradas por el sistema de videovigilancia que las había almacenado.

“La familia de Karla fue la que detectó la existencia de esa cámara –señala en entrevista Miriam Pascual, abogada de la Red Retoño y del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social–, oportunamente dio aviso a la Procuraduría y los policías fueron a solicitarle el video al dueño del negocio, quien lo facilitó inmediatamente.

El video que la Procuraduría le mostró a la familia de Karla no registra nada, no se ve a Karla pasar, ni a su hermanito, que poco después hizo el mismo recorrido, para dejarle llevarle el lonche.” Cuando los padres de Karla detectaron esta anomalía, revisaron la fecha del video y se dieron cuenta de que, en realidad, no correspondía al día en que Karla fue raptada.

“Cuando nos percatamos de esta irregularidad, los videos del 13 de enero ya habían sido borrados por el particular, puesto que no le habían sido requeridos por la policía. Entonces, esa información valiosísima se perdió, por incompetencia de la policía”, señala la abogada.

Evidencias ignoradas

La destrucción de estas evidencias se suma a una larga cadena de irreglaridades, cometidas por las autoridades.

En primera instancia, a pesar de que la desaparición de Karla fue reportada horas después de su rapto, la Procuraduría de Tlaxcala se negó a emitir la Alerta Amber durante los siguientes 21 días.

La Alerta Amber, cabe destacar, obliga a difundir el rostro y los datos de identificación de aquellos menores de edad secuestrados, extraviados, desaparecidos, o cuya ausencia es indicio de que pueden ser víctimas de algún delito, y se trata de un protocolo cuya efectividad depende de que sea activado en las primeras horas tras la desaparición.

“La Alerta sirve para que las y los niños puedan ser detectados en centrales camioneras, en salidas carreteras, el aeropuertos, su objetivo es crear un cerco que impida que las víctimas sean extraídas de su localidad de origen… Pero en el caso de Karla no ocurrió así: la Procuraduría de Tlaxcala les dio 21 días a los secuestradores para que sacaran a la niña del estado, y ya que había pasado todo ese tiempo, emitieron la Alerta, pero sólo como trámite”, destaca la abogada.

Ante esa respuesta omisa, la familia de Karla elaboró volantes con su fotografía y datos de identificación, para repartir por cuenta propia en Tlaxcala y Puebla, e incluso esto fue motivo de una reprimenda: “La Procuraduría le reclamó a la familia andar volanteando en casetas carreteras, les dijo que con eso ponían en riesgo la vida de Karla, que se atuvieran a las consecuencias, y que se atuvieran a los daños psicológicos que eso les iba a ocasionar… Pero lo que en realidad no querían las autoridades del estado es que este caso se diera a conocer públicamente”, destaca la abogada.

Fuente: Animal Político