Nadie puede beneficiarse en política de los programas; secretaría de bienestar

A tres años del inicio de este sexenio, el gobierno federal ya logró eliminar a todos los intermediarios que había en la entrega de programas sociales y los 12.5 millones de beneficiarios reciben su apoyo de manera directa y sin ningún condicionamiento, asegura la titular de la Secretaría del Bienestar (Sebien), Ariadna Montiel, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Montiel, quien asumió el cargo hace tres semanas, el 11 de enero, advierte que no hay nadie que, a nombre del gobierno, pueda utilizar los programas sociales para beneficiarse políticamente, además de que los funcionarios están impedidos legalmente a condicionarlos a cambio del voto o cualquier otra retribución.

La secretaria anuncia que ya se llegó a la meta sexenal en materia de cobertura de beneficiarios de la pensión para adultos mayores, por lo que adelanta que en lo que resta de esta administración federal sólo se actualizará el padrón de acuerdo con la incorporación de personas que cumplan 65 años y con la desincorporación de quienes fallezcan.

¿Se acabaron todos los intermediarios en la entrega de los recursos de los programas sociales?

—La política de bienestar del gobierno de México quita los intermediarios. Esta parte es muy importante porque antes el recurso se le entregaba a las organizaciones, por eso existían las organizaciones clientelares, porque a través de ellas se enviaba el dinero a la gente.

Hoy se le entrega directamente a las personas, el gobierno y el ciudadano, y eso hace que no haya nadie en medio.

Nosotros nos regimos por las reglas que están establecidas y somos respetuosos pero, además, nuestra convicción política es actuar de manera correcta.

En el pasado nos sentíamos afectados por ese tipo de prácticas y no llegamos, como dice el señor Presidente [Andrés Manuel López Obrador], a actuar igual, somos diferentes, pensamos, actuamos diferente, y donde haya una denuncia vamos a actuar.

¿Cómo evitar que los programas sociales sean utilizados de forma electoral?

—Hay que recordar que las dos pensiones, tanto de adultos mayores como personas con discapacidad, son programas que ya son un derecho en la Constitución, esto nos ayuda a que le quitan cualquier visto de ser un proyecto que decida un servidor público, ya es un derecho para nuestros derechohabientes, por eso ya son derechohabientes y no beneficiarios, que les va a permitir tener la seguridad jurídica de que el Estado está obligado a entregarle su pensión.

Cuando entregamos las tarjetas a los nuevos beneficiarios, les recalcamos que no es una dádiva, no es una concesión del gobierno, este es su derecho y que como tal lo defiendan si alguien quiere incurrir en un acto ilícito.

Nosotros promovemos, entre el personal [público], que esté vigilante de que nadie abuse de esta circunstancia.

Quitar los intermediarios nos llevó un tiempo, pero afortunadamente hoy trabajamos entregando de manera directa todos los apoyos.

Respetaremos los calendarios que imponga la autoridad electoral del país para los tiempos de nuestras actividades.

Los programas siguen funcionando en lo que permite la ley, no vamos a hacer registro de nuevos derechohabientes, que eso sería lo que podría afectar al proceso.

¿Hay garantía de que ningún partido político, ninguna organización, meterá las manos en estos programas?

—Hay garantía por parte de la Secretaría de Bienestar de que vamos a ser respetuosos de la ley, de los procesos electorales y, sobre todo, que hemos construido conciencia en los ciudadanos.

Ellos mismos van a defender sus programas y siempre hemos dicho: esto no es de ningún partido. El proyecto de gobierno es que se gobierna para todos, sin distingo de partido.

Tampoco se tiene que meter nadie en el trabajo del gobierno, por eso que no hay intermediarios, es un gran logro de la administración, porque ya no hay quien utilice a nombre del gobierno los programas sociales.

¿Qué responde a quienes acusan al gobierno de utilizar los programas sociales con fines clientelares?

—Nosotros justamente por eso convertimos en un derecho estos programas. El Presidente envió una iniciativa de ley para reformar el artículo cuarto de la Constitución para que las becas, las pensiones, el derecho a la salud, la pensión de adulto mayor y la de personas con discapacidad ya sean un derecho.

Siendo un derecho, ya no son un programa, ya no son un tema a discreción, a definición de un servidor público o alguien más.

Ya esto es un derecho y le hemos hecho mucho hincapié a los derechohabientes de que es su derecho, que lo exijan, y ellos mismos estén vigilantes de que esto suceda bien.

¿Qué pasará con aquellos funcionarios que pretendan condicionar los programas sociales a cambio del voto?

—Nadie debe hacerlo y nadie debe condicionar de esta manera ningún programa, inclusive aunque no fuera un derecho, y estamos vigilantes a ello.

Aquí, en la Secretaría de Bienestar, se van a emitir los lineamientos del blindaje electoral y se les va a hacer una comunicación a todos los servidores públicos de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer, y quien infrinja la ley tendrá las consecuencias correspondientes.

¿Cómo avanza el propósito de bancarizar a todos los beneficiarios de programas?

—El Presidente quiere que todos los adultos mayores utilicen su tarjeta del Bienestar.

Vamos, en los próximos días, como se ha anunciado, a inaugurar sucursales del Banco del Bienestar, y poco a poco iremos entregando esta tarjeta.

Buscamos eliminar el operativo en el que llevamos el efectivo en las comunidades, pero vamos a tener, por lo menos, un banco por municipio.

Eso nos va a permitir que ya hagamos las transacciones y las dispersiones, y el dinero (290 mil millones de pesos anuales) no pase por ninguna mano, nada más por la Tesorería de la Federación a los beneficiarios.

¿Cuál es la meta para 2024 respecto a beneficiarios de los programas sociales?

—Actualmente, en Bienestar estamos llegando a casi 10 millones 300 mil, que es la meta total y completa.

Pero todos los días cumplen años los adultos mayores y todos los días hay defunciones, entonces ya llegamos a la meta máxima, que es sostener el padrón, y no habrá mayor incremento en el número, pero se va a ir reciclando. Se va a actualizar a los que van cumpliendo años y los que van entrando en defunción.

Se ha incrementado el número de beneficiarios, se redujo la edad, se convirtió en una pensión universal, porque antes se excluía a los pensionados y jubilados.

Los montos se está tratando de que lleguen a superar la línea de bienestar, que es lo que cuesta una canasta básica, y todo un sistema de protección para los adultos mayores, lo que les permite tener una vejez digna.

¿Cómo se busca acabar con el rezago en el registro de beneficiarios de los programas sociales?

—Ya no tenemos un rezago mayúsculo, hay alguien que tiene alguna circunstancia en su trámite, casi siempre es porque tiene algo en sus datos, fundamentalmente en la CURP, pero afortunadamente el Registro Nacional de Población ha avanzado mucho en regularizar su registro.

En dos meses registramos a 2 millones y medio de adultos mayores, y en dos meses les entregamos su tarjeta.

Es un ingreso masivo que nos llevó su tiempo, pero no tanto como en el pasado, porque nosotros recibimos un padrón de 5 millones, el cual se construyó en 12 años.

Fuente: El universal