Mara, Emma Gabriela… el dolor social, el dolor que es de todos.

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Adriana Dávila Fernández

Senadora de la República

Recuerdo haber entrado al Partido Acción Nacional (PAN) hace 23 años y escuchar una frase que Carlos Castillo Peraza decía constantemente en sus discursos, y aunque no es el autor la decía con tanta pasión que fue uno de los motivos que me hizo creer en la ideología del PAN: “Aliviar el dolor ajeno y evitar el dolor evitable”. Hoy lo digo con mucha tristeza, el Estado Mexicano no ha logrado que eso suceda. La violación y homicidio de Mara Castilla, así como el feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto ocurrido en marzo de este año son lamentables ejemplos de ello.

No evitamos este dolor de Mara y de Emma Gabriela y tampoco el de sus familias, que no es un dolor ajeno, es un dolor social, un dolor de todos nosotros porque ellas son el rostro de cientos y cientos de mujeres -por no decir miles- en todo México que, anónimamente están viviendo alguna circunstancia de abuso, no sólo por su condición de mujeres víctimas de la violencia masculina, sino por la violencia generalizada, la impunidad y la corrupción que han rebasado cualquier límite en nuestro país. En México, se puede hacer cualquier cosa, cometer cualquier delito y la impunidad es el signo. El número de leyes que hemos aprobado o modificado en el Congreso de la Unión, así como en los Congresos Locales, no han sido suficientes para evitar este mal social, reitero, llamado IMPUNIDAD. 

La impunidad no se combate sólo con la creación o modificación de leyes, porque nadie les da seguimiento y menos verificamos su funcionamiento, los poderes legislativo y judicial tanto federal como local hemos fallado en la observancia y aplicación de las leyes y por que no decirlo, la sociedad también esta indiferente porque hoy las críticas se hacen desde el anonimato de las redes sociales, se levantan las voces o se callan según sea el caso de a quién deba defenderse y el poder económico o político que se tenga.

El feminicidio de Emma Gabriela en Yucatán sigue aún sin resolverse, hoy los medios de comunicación están centrados ya en la violación y homicidio de Mara, Emma se perdió ya ante una nueva tragedia y no sé si Mara correrá la misma suerte. Los pronunciamientos de personajes políticos son circunstanciales y lastimosamente temporales. Aún junto con Ligia, Carlos y Norma; madre, hermano y cuñada de Emma seguimos insistiendo en que se haga justicia, se repare el daño a las víctimas –por cierto en este caso se ha padecido enormemente la indiferencia institucional- de nada ha servido que Emma Gabriela y su mamá estén en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) desde 2016, Emma está muerta y su madre Ligia en el olvido de las instituciones encargadas de hacer justicia y luchando principalmente para adquirir la custodia de sus tres nietos, pues el padre feminicida, aunque recluido en un penal de Tabasco por el delito de lavado de dinero, mantiene enormes influencias en las áreas de administración y procuración de justicia.

En el caso de Mara, aparentemente resuelto, varias preguntas están en el aire ¿de verdad hubo un solo responsable? diversos medios de comunicación y mensajes en redes sociales, evidencian inconsistencias en la investigación; hay quiénes se preguntan ¿por qué el conductor del “taxi seguro” permaneció aparentemente 30 minutos fuera del fraccionamiento de donde tenía Mara que descender?; ¿hay alguien más involucrado, a quién más el chofer pudo reportar la presencia de Mara en ese vehículo? ¿y la empresa? ¿acaso no hay responsabilidad de quien se supone se promueve como empresa de transporte seguro, al contratar al conductor de origen nayarita quien según las autoridades estatales tenía antecedentes penales?.

Hoy todo es culpa del “Nuevo Sistema de Justicia Penal”, así al menos lo dicen las autoridades que justifican la falta de investigación de los ministerios públicos y la poca capacidad para integrar las carpetas de investigación, pues la capacitación se ha confundido con “sensibilización y difusión” -tal y como lo demostramos en la evaluación del Informe de la Comisión Intersecretarial Contra la Trata de Personas-. Los seres humanos en el tema de seguridad hemos sido reducidos a cifras. Las autoridades federales y locales están obligadas a dar respuestas en estos casos y en todos aquellos en donde hombres y mujeres han perdido la vida, sus bienes, sus hijos e hijas, sus hogares y la seguridad en sus calles. 

Lamentar estos hechos es humano, nadie se niega a escuchar estos pronunciamientos públicos, muchos de ellos que salen del alma y el corazón y del dolor de sus familiares y otros tantos oportunistas ante el proceso electoral venidero. 

Sin embargo, las cosas no pueden estancarse ahí, debemos exigir al menos:

• Que todos los estados cuenten con los ordenamientos legales armonizados con la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, para castigar delitos como el feminicidio y la trata de personas, la desaparición forzada y cometida por particulares, el secuestro, la ley de justicia penal para adolescentes y la ley de víctimas, entre otros.

• Que los operadores de la ley de verdad se capaciten en las áreas correspondientes  para integrar las carpetas de investigación sin omisiones y sin corrupción y sepan atender a las víctimas de estos delitos.

• Que se creen las fiscalías especializadas establecidas en diversos ordenamientos con personal honesto, ético y comprometido con la justicia.

• Que los gobiernos no sustituyan la política pública por la política electoral, buscando todo tipo de alianzas que sólo generan complicidades en muchos casos probados con poderosos miembros de la delincuencia organizada.

• Que el poder legislativo cumpla su función de contrapeso y equilibrio para coadyuvar si, en la solución de los problemas, pero también para exigir el cumplimiento de las leyes.

Como autoridades y servidores públicos seguimos debiéndole mucho a la sociedad, pero nunca es demasiado tarde para corregir.

Finalmente, quiero expresar mi rechazo enérgico a esa voces desinformadas y mal intencionadas, que ante los hechos ocurridos en Puebla con Mara, han generado campañas de odio, llenas de mentiras y calumnias que se han vuelto la constante en las redes sociales. Estos personajes y supuestos comunicadores (los hay en todo el país) no imaginan el daño que pueden ocasionar con este tipo de mensajes discriminatorios y ofensivos para los tlaxcaltecas. El afán de ganar notoriedad a costa de lo que sea, argumentando “periodismo crítico”, lastima a nuestra gente.

La violencia generada en todo el país, no es culpa de un solo estado, los estigmas y argumentos falsos y peyorativos no ayudan a mejorar las cosas en México. Lamentablemente, el crimen y la delincuencia ha alcanzado a todo tipo de personas en nuestro país y en el mundo y es este el momento de unir a quienes deseamos paz y tranquilidad para todo México. La responsabilidad de los medios de comunicación y de los servidores públicos es fundamental para abonar al clima de paz y tranquilidad que tanta falta nos hace. No se trata de callar a nadie, sino de hablar firme y fuerte pero con responsabilidad. 

 

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