Como ya es sabido por todos, la sentencia dictada en contra del ex gobernador veracruzano, Javier Duarte de Ochoa, con la que se le condenó a una pena a 9 años de prisión y a una multa económica de 60 mil pesos, ha causado bastante indignación entre los mexicanos, esto, porque como gran parte de nosotros nos hemos cuestionado, cómo es posible que, al ex mandatario priista, quien desfalco al erario veracruzano con millones de pesos, solo se le haya impuesto una sanción mínima, a comparación de otras personas que por poco, son sancionadas con una pena máxima. 

Dicha interrogante no es tan complicada de contestar, pues el gobierno del aún presidente de todos ustedes, Enrique Peña Nieto, orquesto una magnífica obra en la que el personaje principal es el pueblo de México, pues seríamos nosotros quienes, crearíamos que se haría justicia, tal cual, pero finalmente vemos el desenlace de esa pantomima, percatándonos que nuevamente nos han tomado el pelo.

Pero bueno, qué más podíamos esperar de un gobierno priista, donde de antemano sabemos que, todo lo que realicen sus adherentes siempre serán protegidos por los mismos, y esto es lo que hace la gran diferencia del porque a Duarte, se le ha condenado de esa manera, a diferencia de otras personas que han delinquido. Simplemente porque el ex mandatario pertenece a ese grupo de poder en el que pueden obtener diversos “beneficios” y en el caso concreto, “beneficios legales”.

Algo que un ciudadano de a pie como usted o como yo, jamás podríamos estar dentro de esa cúpula y ser beneficiados con dicha gracia, pues en ella se manejan diversos intereses, que, por obvias razones, han sido esos intereses del porque ha sido así el trato que se le ha dado a dicho exmandatario, tal cual lo hemos podido observar. 

Un claro ejemplo de dicho “beneficios” es que a Javidu, no se le han sancionado por los delitos que verdaderamente cometió, recordemos que supuestamente se le investigaba por lavado de dinero, corrupción, delincuencia organizada, desvió de recursos, entre otros más, mismos que al final veíamos como la PGR “no tenía las pruebas necesarias” para poder vincularlo a proceso por esos delitos, por cual, finalmente optaron por vincularlo por el delito de asociación delictuosa.

Dicho delito, a diferencia de los otros, es por el cual ha podido obtener ese tipo de sentencia, esto, porque desde un plano legal, ha Javier Duarte no se le restringen sus derechos penitenciarios a diferencia si se le hubiera condenado por el delito de delincuencia organizada o lavado de dinero, pues en estos últimos no existen la reducción de la pena, es decir, si Javier Duarte durante su compurgación tiene buen comportamiento o realiza diversas actividades que demuestren que pueda ser reingresado a la sociedad, pasaría en prisión 4.5 años menos el tiempo que ya lleva detenido, podría decirse que unos 3 a 3.5 años, es decir que en 2021 podríamos estar viendo en libertad a Duarte de Ochoa o sino es que en menos tiempo.

Es con ese tipo de condena, donde se puede corroborar que la supuesta lucha emprendida en contra de la corrupción del gobierno peñista, simplemente se trató de una farsa. Hoy solo queda esperar dos cosas, una que se confirme la sentencia de Javier Duarte, por un Tribunal o que se revoque la misma, ya sea para sancionarlo correctamente (que lo dudo) o peor aún para darle más beneficios que puedan hacer que antes de que culmine este sexenio veamos a Duarte en libertad.

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