Corte obliga al congreso a hacer su trabajo
Un hecho sin presente e histórico suscito el día de ayer, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentenció al Congreso General a realizar su trabajo que constitucionalmente está obligado hacer, dando un plazo fatal para el 30 de abril de 2018 para emitir la legislación omitida.
La Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, resolvió a favor de la organización civil Artículo 19, quienes defienden la libertad de expresión e información, un juicio de amparo por la “omisión legislativa” por parte del Congreso de la Unión referente a las leyes secundarias que hace alusión el artículo 134 de nuestra Constitución Política, en materia de publicidad oficial.
Y es que, ante la falta de legislación sobre la propaganda del gobierno, sobre todo ante el enorme presupuesto que se le da a ese rubro, que oscilan entre los 30 mil millones de pesos anuales, el gobierno, tanto en su ámbito federal, estatal o municipal, violaban la libertad de expresión, prensa, información y competencia, pues permitió un uso arbitrario y discrecional de la publicidad oficial, pues no existe, hasta la fecha, la normatividad legal que lo regule.
Esto conllevara a regularizar tanto al propio gobierno como a las diversas empresas de comunicación, que por diversos sexenios se beneficiaron con multimillonarios “acuerdos de comunicación oficial”; además de permitir una correcta libertad de prensa e información, así como asegurando la libertad de expresión que conducirá a no más represión hacia los “medios no oficiales” como a sus periodistas.
Pero eso no es lo único que conllevara dicha sentencia, si no que asienta un presente legal, en el cual como ciudadanos tenemos una herramienta jurídica por el cual, ante la cualquier omisión de nuestros legisladores, tanto federales como locales, así como del propio ejecutivo, podamos ejercer para demanda que efectúen su trabajo el cual están obligados hacer.
Y así, ante una carente normatividad en los diferentes sectores de nuestra sociedad, podremos hacer valer nuestro derecho para “forzar a trabajar” nuestros gobernantes, que trabajan poco y ganan mucho, en materia educativa, salud, vivienda, infraestructura, etcétera.
