Arranca guerra legal contra ley eléctrica de AMLO

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Ante al menos una docena de juicios de amparo promovidos por empresas del sector, Juan Pablo Gómez Fierro concede siete suspensiones temporales para que ley no entre en vigor

Al menos una docena de juicios de amparo han sido promovidos contra la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que un juez federal ordenó suspenderla de manera provisional.

El pasado 10 de marzo, el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió tres suspensiones provisionales para que el decreto por el que se reformó la Ley de la Industria Eléctrica no entre en vigor.

En tanto, ayer concedió otras cuatro suspensiones en el mismo sentido, por lo que suman, en total, siete frenos a la reforma.

El decreto fue publicado el 9 de marzo y, según el Diario Oficial de la Federación (DOF), entraría en vigor al día siguiente, pero ese 10 de marzo al menos una docena de empresas presentó amparos contra la reforma.

En 2020, este juez conoció de los amparos tramitados contra la política energética publicada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle; uno de los que otorgó fue a la organización Greenpeace.

Efectos generales

En sus acuerdos de los expedientes 118/2021, 119/2021 y 120/2021, el juez precisó que la suspensión debe tener efectos generales pues, de lo contrario, se estaría dando una ventaja competitiva a las empresas quejosas.

“A pesar de que se solicitó solamente por una empresa que participa en el mercado eléctrico mayorista, debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para la quejosa, este Juzgado de Distrito no sólo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar”, señaló en el expediente 119/2021.

“La suspensión de los actos reclamados también tiene como finalidad asegurar la eficacia de una sentencia de amparo, impidiendo que la ejecución de aquellos se materialice de tal manera que se vuelva imposible, en caso de obtener una sentencia favorable, volver las cosas al estado que guardaban antes de la emisión del acto reclamado”.

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