Senadores del Partido Acción Nacional presentarán un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que diversas instituciones y autoridades investiguen, con perspectiva de género, el feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto, víctima de violencia de género e indiferencia institucional, a pesar de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para ofrecerle protección.

En conferencia de prensa, las senadoras Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama y Sylvia Martínez Elizondo y los senadores Daniel Ávila Ruiz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ernesto Cordero Arroyo y Raúl Gracia Guzmán denunciaron que el asesinato de Molina Canto, el pasado 27 de marzo en Mérida, Yucatán, se dio en complicidad con autoridades de la administración del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier, por lo que exigieron investigar y castigar a los responsables.

La senadora Adriana Dávila Fernández dijo que el punto de acuerdo que presentarán en la sesión ordinaria de este jueves, solicitarán que el Senado exhorte a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a rendir un informe en el que explique si garantizó a Emma Gabriela Molina Canto las medidas de asistencia y atención establecidas en la Ley General de Víctimas, derivado de la recomendación 54-2014, emitida al gobierno de Tabasco, para inscribirla en el Registro Nacional de Víctimas.

Dávila Fernández, anunció que se exhortará a la Fiscalía General del Estado de Yucatán a llevar a cabo las investigaciones de manera acuciosa y con perspectiva de género, para no descartar como línea de investigación el feminicidio y la probable responsabilidad del ex esposo de Molina Canto, Alberto Medina Sonda, en razón de las amenazas que éste hizo en contra de la víctima.

La legisladora panista dijo que pedirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informe al Senado de la República sobre el cumplimiento de la recomendación 54-2014 y, en caso de no haberse concretado, solicitar el ejercicio de Control Parlamentario en situaciones de violaciones graves a los derechos humanos, previsto en el apartado B del artículo 102 de la Constitución.

Además, solicitarán a la Procuraduría General de la República (PGR) analizar de manera exhaustiva los elementos del caso para que, en caso de cumplir con los requisitos de ley, atraiga las investigaciones.

Dávila Fernández recordó que desde 2012, y a partir de su divorcio, Emma Gabriela Molina Canto recibió de manera reiterada amenazas, ataques y violencia de género por parte de su ex esposo, Alberto Medina Sonda, señalado como socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero del gobierno de Tabasco en el sexenio de Andrés Granier.

Mediante tráfico de influencias y en complicidad con autoridades de Tabasco, ese mismo año fue despojada de sus hijos y encarcelada por diversos delitos que le fueron fabricados, acusó.

En 2014, la CNDH emitió la recomendación 54-2014 dirigida a la PGR, a la Fiscalía General de Tabasco y a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, en la que se acreditó las violaciones a los derechos humanos de Emma Gabriela Molina Canto en materia de legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, trato digno y a vivir una vida libre de violencia, así como a la presunción de inocencia, dignidad, honor y buen nombre.

La CNDH acreditó también violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, desarrollo integral de la niñez e inobservancia del interés superior de la infancia, en contra de los hijos de la víctima.

Los senadores panistas denunciaron que existe manipulación de pruebas en la investigación de las autoridades del estado de Yucatán y presentaron un video de dos de los presuntos autores materiales del asesinato.

“Nos han informado los familiares y algunas organizaciones de la sociedad civil de Yucatán, que este video presentado ante los medios de comunicación tiene ciertas alteraciones. Se percibe un corte entre el segundo 26, 27 y 28, que aparentemente elimina una parte en la que se presume existe un vehículo que ya la señora Emma había reportado, y en el que la estaban siguiendo en semanas previas”, subrayó.

Por su parte, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama exigió a las autoridades de Yucatán localizar y castigar a los autores intelectuales.

“Este un caso de omisiones, en el cual la policía y las autoridades de Yucatán tienen que poner énfasis. Debemos exigir al gobierno del estado y al Gobierno federal que de ninguna manera este homicidio quede impune y que se califique como feminicidio, por los años de pena que estos tipos deben enfrentar”, señaló la senadora por Yucatán.

El senador Daniel Ávila Ruiz indicó que solicitarán la intervención de la Procuraduría General de la República, porque la Fiscalía del estado y las autoridades del gobierno del estado de Yucatán no son confiables.

“Dos días antes del asesinato de Emma, en un centro comercial en el norte de Mérida hubo otro asesinato a puñaladas de una mujer, y estos son los casos que se están dando, no solamente en Yucatán, sino en otros estados de la República”.

Por eso, es necesario dar seguimiento a este y todos los demás casos, desde el Senado, para que intervengan las autoridades federales, para prevenir este tipo de delitos y que se castigue a todas las personas involucradas.